The unions CCOO and Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) announce legal actions and mobilizations in response to the Andalusian Government's failure to develop the teleworking regulations in the regional Administration.
Los sindicatos CCOO e Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) han anunciado acciones legales y movilizaciones ante el retraso del Gobierno andaluz en desarrollar el reglamento del teletrabajo en la Administración autonómica. Según explican ambas organizaciones, la negociación del decreto se cerró en julio de 2024 y desde entonces el Ejecutivo no ha cumplido los compromisos, entre ellos la fecha límite del 30 de septiembre acordada con otros sindicatos.
Denegaciones y revocaciones
Los sindicatos sostienen que la Circular de la Secretaría General para la Administración Pública ha aumentado la arbitrariedad en los centros de trabajo y que incluso se han revocado autorizaciones ya concedidas. Señalan como caso destacado el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde aseguran que todas las solicitudes se deniegan sin atender a la carga de trabajo, pese a que el personal teletrabajó durante la pandemia y en emergencias climáticas.
CCOO e ISA afirman que detrás de este bloqueo hay una desconfianza de la Consejería hacia la plantilla pública y una incapacidad para modernizar la Función Pública autonómica. Para los sindicatos, el teletrabajo es una modalidad más que puede mejorar la gestión y el empleo en determinados puestos.
Ahorro y medio ambiente
Las organizaciones sindicales cifran el impacto diario de los desplazamientos evitables en 75.000 litros de combustible, 180 toneladas de emisiones de CO2 y 150.000 euros de gasto en carburante, a partir de datos de buscadores de emisiones accesibles en internet. Añaden que, con el precio del combustible actual, el teletrabajo supondría un ahorro directo para el personal y una reducción de la huella de carbono, además de mejorar la conciliación y aliviar el problema de la vivienda.
Qué piden y qué harán
CCOO e ISA reclaman al Gobierno andaluz que publique de inmediato el decreto, cumpliendo la normativa estatal, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y la Ley de Función Pública autonómica. Si no lo hace, llevarán el retraso y los abusos ante los tribunales y convocarán movilizaciones después de la Huelga General del 11 de noviembre.