El Consejo de Gobierno aprueba las cuantías máximas para cada ayuntamiento afectado por la serie sísmica del 14 de agosto al 7 de septiembre. Granada capital recibirá 2,6 millones y Churriana de la Vega, 657.138 euros.
Los 27 municipios de la provincia de Granada afectados por la serie sísmica registrada entre el 14 de agosto y el 7 de septiembre de 2026 ya tienen fijadas las cuantías máximas que les corresponden. El Consejo de Gobierno ha aprobado un reparto de siete millones de euros para colaborar en la recuperación de infraestructuras, instalaciones y recursos municipales dañados.
Quién recibe cuánto
Granada capital es el municipio con la mayor asignación, con 2.617.629,48 euros. Le sigue Churriana de la Vega, con 657.138,27 euros. El resto de las localidades beneficiarias son Villa de Otura, Armilla, Las Gabias, Ogíjares, Santa Fe, Vegas del Genil, Alhendín, Cogollos de la Vega, Gójar, La Zubia, Dílar, Beas de Granada, Albolote, Maracena, Huétor Vega, Cúllar Vega, Atarfe, Otívar, Lecrín, Escúzar, Trevélez, Nigüelas, Chauchina, Cenes de la Vega y Moclín.
Las cuantías se han calculado a partir del informe de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la Agencia de Emergencias de Andalucía, que tomó como base la valoración de daños remitida por los propios municipios y aplicó criterios objetivos como la población, la superficie, el número de incidencias, la peligrosidad del fenómeno y la valoración económica de los daños.
Cómo se pide la ayuda
Los ayuntamientos beneficiarios pueden solicitar las subvenciones mediante una única solicitud. El plazo es de diez días desde la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La tramitación y resolución corresponde a la Secretaría General de Administración Local de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.
El acuerdo se ampara en el Decreto 277/2023, que regula el apoyo de la Junta a las entidades locales afectadas por fenómenos naturales adversos y emergencias de protección civil. Da continuidad al acuerdo del Consejo de Gobierno del 8 de septiembre de 2026, que declaró la situación excepcional prevista en esa norma tras el episodio sísmico.