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Cuatro investigados por las ayudas de 4,2 millones a SOS Cuétara

Temas Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

El juez ve indicios de prevaricación, malversación y falsedad en las subvenciones que la Junta dio a la empresa entre 2004 y 2010.

Redacción de AndalucíaYa ·

Real Chancillería de Granada
Imagen de archivo. Foto: Jebulon / Wikimedia Commons (CC0)
El juez que instruye la pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) sobre las ayudas a SOS Cuétara ha decidido seguir adelante contra cuatro investigados. Entre ellos está el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera y una persona que figuraba como trabajadora sin serlo, familiar de otro ex director general de Trabajo ya fallecido. El magistrado ve posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la concesión y el pago de ayudas por un total de 4.277.701,62 euros a la empresa, dedicada a la fabricación y venta de galletas y otros productos alimentarios.

Ayudas públicas entre 2004 y 2010

Las ayudas se dieron entre 2004 y 2010 desde la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, según detalla el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. Servían, sobre todo, para financiar la reestructuración de la empresa y ampliar la cobertura económica de los extrabajadores afectados por el ERE mediante un seguro de rentas. El auto señala que en ese seguro se incluyó a una supuesta trabajadora que no estaba afectada por el ERE ni tenía relación laboral con la empresa cuando se la metió como beneficiaria. Su inclusión, según el juez, se debió a su parentesco con Francisco Javier Guerrero, el ex director general de Trabajo ya fallecido. El instructor cifra las ayudas en al menos 4.277.701,62 euros para pagar indemnizaciones por despido de 34 trabajadores del ERE 5/2003, más la financiación de dos pólizas de seguro a favor de la suegra de Guerrero. Para el juez, fue «la falta absoluta de control y de fiscalización» lo que permitió suscribir esas pólizas con dinero público. El auto también deja fuera de la causa a otros dos investigados, un representante de la empresa y un dirigente del sindicato CCOO. El juez considera que no hay motivos suficientes para atribuirles participación en los hechos.

Veinte días para pedir el juicio

El auto se dictó el 3 de noviembre y se notificó a las partes el viernes 6. Ahora la causa pasa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas. Tienen un plazo común de veinte días para pedir la apertura del juicio oral con su escrito de acusación, para pedir el sobreseimiento o, de forma excepcional, para solicitar diligencias complementarias que consideren imprescindibles.

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