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Andalucía estudia recurrir el decreto estatal sobre centros de datos

Temas Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública Junta de Andalucía

El consejero José Antonio Nieto sostiene que la norma aprobada por el Gobierno central frena la soberanía digital y el desarrollo tecnológico andaluz.

Redacción de AndalucíaYa ·

Un hombre trajeado habla ante varios micrófonos de medios, rodeado de cámaras y otras personas.
Foto: Junta de Andalucía · Portavoz
La Junta de Andalucía estudia llevar a los tribunales el real decreto que el Gobierno central ha aprobado definitivamente sobre infraestructuras tecnológicas. El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha anunciado esa posibilidad al considerar que la norma va en contra de los intereses del sector, del desarrollo económico y de la soberanía digital de Andalucía y de España. El Ejecutivo central ha cerrado así una regulación que la Junta pidió corregir desde su fase de borrador. Según Nieto, el texto incorpora algunas modificaciones, pero mantiene obstáculos para desarrollar las infraestructuras tecnológicas que el país necesita.

Centros de datos, la clave del conflicto

El punto de fricción son los centros de datos. El consejero los describe como una infraestructura básica para que puedan desarrollarse las nuevas tecnologías y para que España y Andalucía tengan capacidad propia en una industria estratégica. A su juicio, sin instalaciones suficientes no se puede avanzar al ritmo que exige la transformación tecnológica ni aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial. Nieto ha lamentado «la falta de sensibilidad del Gobierno de España» ante esa necesidad y ha asegurado que la regulación aprobada dificulta una actividad esencial para la modernización económica. «El último Consejo de Ministros ha aprobado definitivamente un decreto que ojalá nunca hubiese visto la luz», ha señalado. El consejero sostiene que es posible compaginar la protección medioambiental y la eficiencia energética con el desarrollo de las infraestructuras digitales. Por eso reclama una regulación que garantice ambos objetivos sin que las exigencias ambientales se conviertan en un impedimento para competir en igualdad de condiciones. De momento no hay fecha para ese eventual recurso ni se ha concretado por qué vía se presentaría.

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